La corrupción alrededor del mundo, se ha convertido en una plaga corrosiva para la sociedad, erosionando el estado de derecho. El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello.
El Comité de Participación Ciudadana en términos de la Ley 464 del Sistema Estatal anticorrupción tiene las atribuciones siguientes:
- Aprobar sus normas de carácter interno; programa de trabajo anual; informe anual de actividades.
- Participar en la Comisión Ejecutiva;
- Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política nacional y las políticas integrales;
- Proponer al Comité Coordinador Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación del Sistema Digital Estatal;
- Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos, las metas de la política nacional, las políticas integrales, los programas y las acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Anticorrupción;
- Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil haga llegar a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero;
- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;
- Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas;